Y es que nuestras decisiones de compra están basadas en qué nos ofrecen y por cuánto. Por lo que, si existiera un etiquetado común que permitiera saber cuánta energía se ahorra, junto a algún tipo de mecanismo fiscal que permitiera bajar el precio de las mejores opciones, los ciudadanos no dudarían.

En cuanto a qué animaría a los ciudadanos a mejorar el comportamiento energético en sus hogares, casi la totalidad de los encuestados se muestran interesados en disponer de contadores con los que conocer la cantidad de energía que están consumiendo en cada momento, identificar qué aparatos son los responsables y si el consumo está por encima o por debajo de lo óptimo. Además, estarían dispuestos a asumir una subida del precio de la energía, siempre y cuando se incentivara a aquellos hogares más eficientes.

Financiar reformas en base a los ahorros de energía es un modelo que interesa a 8 de cada 10 españoles. A la pregunta de qué les podría animar a consumir menos energía a la hora de desplazarse, y pese a reconocer que conocen las ventajas del transporte público, afirman que éste no siempre es su mejor opción. La frecuencia, el horario de funcionamiento y el precio son las principales barreras que argumentan, especialmente a la hora de ir a trabajar.

En este sentido, la mayoría dicen estar dispuestos a compartir coche si se promovieran este tipo de iniciativas desde su empresa. Asimismo, la penalización por circular en coche por zonas congestionadas no parece ser bien acogida. Y en el trabajo, ¿qué les movilizaría para cambiar sus hábitos?

Aunque la gran mayoría de los encuestados piensa que las campañas de sensibilización son necesarias, apuntan a la necesidad de incentivar el cambio de hábitos buscando formas para recompensar a quien contribuya al ahorro de energía. La recompensa más solicitada es la económica, seguida muy de cerca por destinar los ahorros a obras sociales. Tener en cuenta a los empleados para identificar qué medidas podrían implantarse es otra de las propuestas más respaldadas.

Finalmente, los encuestados respondieron a la pregunta de qué necesitan para elegir productos que ahorren energía, y su respuesta mayoritaria está relacionada con la necesidad de disponer de información en el punto de venta, conocer el consumo energético de las diferentes opciones y poder comparar. Por ello, demandan un etiquetado homogéneo que tenga en cuenta todo el ciclo de vida de los productos.

La normativa europea trata de fomentar la eficiencia energética en edificios y viviendas con el fin de cuidar el medio ambiente. Hasta ahora en España sólo se exige un documento semejante para los edificios de nueva construcción -o grandes rehabilitaciones-, pero Europa obliga a que este certificado lo posea toda vivienda que salga al mercado, tanto en venta como en alquiler y tanto si es nueva como si es de segunda mano.

El fomento de la eficiencia energética de edificios y viviendas forma parte de las prioridades europeas desde 2002, cuando se aprobó la directiva 2002/91/ce del parlamento europeo y del consejo. Esta norma se introduce en España en 2007, a través del real decreto 47/2007, pero quedó sólo para ser cumplido por los promotores. Ahora, la sorpresa es que le toca el turno a los particulares y previsiblemente causará un gran revuelo a la vista de lo ocurrido en otros países europeos donde ya se ha implantado la norma y es que la directiva de 2002 y la modificación que de ella se hizo en 2010 obligan a que la eficiencia energética también se promueva para los edificios y viviendas usadas. De este modo, obliga a que cada vivienda que salga al mercado en cualquier estado de la Unión Europea, ya sea en venta o en alquiler, cuente con este certificado de eficiencia energética cuya validez es de un máximo de 10 años.

Segun el ministerio de industria la norma está en proyecto pendiente de enviar a Consejo de Ministros para su aprobación. De hecho, ya existe un borrador del real decreto que exige que todos los edificios existentes que salgan mercado (incluidas las viviendas) dispongan de esta certificación.

¿Qué implica esto?

A partir de la entrada en vigor de la nueva normativa en España todos los propietarios que deseen vender o alquilar su vivienda deberán tener disponible para el comprador y/o inquilino este “certificado energético”, sólo quedan excluidos los edificios y monumentos protegidos, los utilizados como lugares de culto o los edificios de viviendas que sean objeto de un contrato de arrendamiento por tiempo inferior a cuatro meses al año, entre otros. Así, cada vivienda tendrá una etiqueta similar a las que ya se utilizan en los electrodomésticos y que indica lo eficiente que es en cuanto al consumo de energía.

Actualmente esta etiqueta ya se usa para las casas de nueva construcción y clasifica cada inmueble con un código de color según una escala que va de la categoría “a” (la más eficiente) a la “g” (la menos eficiente).

El propietario de la vivienda, edificio o local será el responsable de obtener y abonar el coste de este certificado para poder vender o alquilar su casa. Además del estudio para obtener el certificado, cada vivienda analizada recibirá además una serie de recomendaciones de mejora que permitirían aumentar al menos un nivel en le escala de eficiencia energética (si la calificación original de la casa es b ó c) o dos (cuando la vivienda originalmente cuenta con una calificación d, e, f ó g).

La parte negativa de esta nueva norma es el coste para el propietario de la vivienda. Aunque se desconoce con exactitud el coste final que puede alcanzar para el usuario tramitar el certificado energético porque será un coste que marcará el propio mercado, podemos saber lo que está costando en otros países europeos de nuestro entorno donde ya está en vigor la normativa. Así, en el caso de Italia, el coste del certificado energético supone unos 250 euros para un piso medio de 100 m2.

Para facilitar la adopción de esta nueva tecnología, la Comisión Europea ha publicado la semana pasada una recomendación para preparar el despliegue de sistemas inteligentes de medición. Se proporcionan, paso a paso, las directrices para los Estados miembros sobre cómo llevar a cabo el análisis costo-beneficio hasta 3 de septiembre de 2012.

También establece las funcionalidades mínimas comunes de los sistemas inteligentes de medición y protección de datos y direcciones de los problemas de seguridad. Una metodología común para el análisis de costo-beneficio, propuesta por la presente Recomendación, asegurará que los análisis de los Estados miembros son comparables y basados en los planes de despliegue integral.

La evaluación económica de costos a largo plazo y los beneficios de los contadores inteligentes se adaptan a las condiciones locales, teniendo en cuenta, cuando sea posible, la vida real y la experiencia acumulada de los proyectos piloto. Los costes de implementación también dependerán de las funcionalidades proporcionadas por el contador inteligente.

La Comisión creó funcionalidades mínimas comunes para los sistemas inteligentes de medición que deben ser capaces de ofrecer medidas precisas de consumo real y la comunicación bidireccional con el consumidor, permiten fijación dinámica de precios y mejorar la gestión de la red. Se anima a los Estados miembros a evaluar y desarrollar escenarios de contadores inteligentes que van más allá del conjunto mínimo de requisitos. En particular, las funcionalidades principales mínimas se incluyen:

Actualizaciones frecuentes de las lecturas siempre directamente al consumidor. Ser capaz de seguir su consumo real de electricidad en tiempo real ofrece a los consumidores un fuerte incentivo para ahorrar energía y dinero. El almacenamiento de datos. Los clientes deben ser capaces de recuperar la información sobre sus pautas de consumo pasadas para ayudarles a comprender mejor su consumo real de energía y tomar decisiones sobre el uso de energía en el futuro. Lectura remota de contadores por parte del operador que son lo suficientemente frecuentes como para ayudar a la planificación de redes. Permite a las estructuras tarifarias avanzadas y control de las tarifas a distancia.Esto permitirá que los consumidores responden a la variación de los precios en tiempo real.

El uso eficaz de los sistemas inteligentes de medición requiere el tratamiento de datos personales. Por lo tanto se debe tener cuidado para proteger los datos personales y la seguridad. La Directiva de la UE sobre la protección de datos personales (95/46/CE) y la Directiva sobre privacidad electrónica (2002/58/CE) establece requisitos muy claros sobre quién tiene acceso a diferentes categorías de dicha información y cómo se procesa. Esto también cubre los aspectos específicos de las redes inteligentes, En esta línea, el objetivo de la Recomendación de la Comisión es garantizar el máximo nivel de protección de datos personales y la seguridad de las personas y operadores de la red. La Comisión recomienda una “seguridad y la protección de datos mediante el diseño” enfoque según el cual la protección de datos y características de seguridad están integradas en sistemas inteligentes de medición antes de que se implanten.

La recolección de datos debe limitarse al mínimo necesario, y tanto como sea posible, los datos deben ser anónimos para que el individuo ya no es identificable. Por último, la Comisión tiene previsto desarrollar un modelo de evaluación del impacto de la protección de datos y lo presentará a finales de año en el Foro de Londres.

1. Lavar a mano los platos consume menos que el lavavajillas: falso

Diversos estudios avalan el uso del lavavajillas frente al lavado de platos tradicional. Un informe del Canal de Isabel II y BSH Electrodomésticos España refleja que, frente al lavado tradicional a mano, con el uso del lavavajillas los platos quedan más limpios, se ahorran 30 litros al día y se consume un 10% menos de energía. Eso sí, han de ser aparatos eficientes de bajo consumo (en el momento de adquirirlos, hay que fijarse en su etiquetado energético), que permitan elegir la temperatura del agua y reutilicen el calor para el posterior aclarado o secado. Con respecto a otro no eficiente, elegir un electrodoméstico eficiente representa un ahorro, durante su vida útil, superior a un 70% del consumo energético. Según un estudio de la Universidad de Bonn, la cantidad de agua que consume un lavavajillas clase “A” es de unos 15 litros por lavado, frente a los 119 litros del lavado a mano para la misma cantidad de vajilla. En uno biotérmico, que dispone de una entrada de agua caliente, el consumo se reduce al calentar el agua con gas o mediante energía solar, no con electricidad. Los expertos recomiendan utilizarlo cuando esté lleno, elegir el programa adecuado y cargarlo por la noche, ya que el consumo de red es menor.

2. Apagar la calefacción consume más que mantener una temperatura constante: falso

En muchos hogares es habitual conservar una temperatura media durante las 24 horas, ya que se considera que apagar y encender la calefacción acarrea un mayor consumo de energía y, por ende, de gasto. Aunque es preciso un pico de calor para alcanzar de nuevo la temperatura deseada, el saldo final de energía consumida es ventajoso. Según un estudio de la Oficina Verde de la Universidad de Zaragoza, si se limita la temperatura a 16ºC entre las diez de la noche y las seis de la mañana, se puede recortar en torno a un 13% el consumo anual de combustible, con respecto a lo que ocurriría si se mantiene una temperatura constante de 20ºC. Con el apagado el ahorro es aún mayor. La nueva reglamentación en España aconseja regular los termostatos a 20ºC en invierno y es que 1ºC más de temperatura puede suponer un 7% más de consumo.

3. El modo espera (standby) apenas consume energía: falso

Dejar los aparatos eléctricos apagados en modo espera supone un gasto de 231 kWh al año, casi lo mismo que el consumo medio anual del lavavajillas (246 kWh) y mucho más que el del ordenador (172 kWh), según datos del último estudio del IDAE en colaboración con Eurostat. Esto supone el 2,2% del gasto medio de energía de las casas, lo mismo que el consumo medio del horno (231 kWh) y mucho más que el del ordenador (172 kWh) o el resto de electrodomésticos (76 kWh). El standby representa cerca del 5% del consumo de los hogares.

4. Por su escasa superficie, la pérdida de calor por las ventanas es residual: falso

Se esgrime que al ser una superficie muy reducida con respecto a la superficie total de la vivienda, esa pérdida no es muy importante. Los estudios de diversos expertos reflejan que entre el 25% y el 30% de la calefacción gastada en los hogares se destina a cubrir las pérdidas de calor que se originan en las ventanas. Según un informe de la Universidad de Zaragoza, los sistemas de doble cristal o de doble ventana pueden reducir hasta en un 50% la pérdida de calor con respecto a los cristales sencillos.

5. Mantener los fluorescentes encendidos gasta menos que si se encienden y apagan cada vez: falso

Otra falsa idea muy extendida entre los hogares es que el gasto de energía al dejar los tubos fluorescentes encendidos es menor que si se apagan y encienden cada vez. De manera errónea, se sustenta en una explicación similar a la de la calefacción. En cambio, los estudios han demostrado que pese a que al encender un tubo fluorescente se precisa un sobreconsumo de corriente eléctrica, este apenas dura una fracción de segundo. En iluminación incandescente, el tiempo máximo de ausencia que no compensaría el apagado y encendido posterior se reduce a tan solo 0,3 segundos. De ahí que el gasto sea mucho mayor si se deja siempre encendido. Ahora bien, la vida del fluorescente puede acortarse si se apaga y se enciende en repetidas ocasiones. No así las lámparas de Led, que permiten los encendidos y apagados sin avería. Las bombillas de bajo consumo suponen un ahorro energético. Su precio es superior al de las tradicionales, pero su vida útil supera los cinco años y consumen un 80% menos.

6. La cocina eléctrica gasta menos que la de gas: falso

Los expertos aseguran que las cocinas eléctricas o vitrocerámicas consumen cuatro veces más que las de gas. El IDAE recomienda, en caso de disponer de una cocina eléctrica, utilizar baterías de cocina, sartenes y cazos con fondo grueso difusor. Así se logra una temperatura más homogénea en todo el recipiente.

La medida básica planteada a la CNE por Greenpeace para garantizar la sostenibilidad económico-financiera del sistema energético es asegurar que el producto suministrado (electricidad, hidrocarburos líquidos…) sea remunerado de acuerdo con la totalidad de los costes que ha supuesto realizar las distintas actividades destinadas a proporcionar dicho suministro. “Para ello, en primer lugar, es necesario que se incluyan todos los costes, incluidos los ambientales pues, de lo contrario, la actividad de suministro de electricidad y de los hidrocarburos líquidos seguirá generando una deuda ecológica creciente sobre el resto de ciudadanos, de todo el mundo, presentes y futuros, así como sobre el medio ambiente en general”, afirma Greenpeace.

En segundo lugar, indica, es necesario evitar costes y remuneraciones innecesarias. En ese sentido, considera “urgente revisar la formación de precios en el mercado mayorista de producción, para evitar remuneraciones desproporcionadas a instalaciones de sobra amortizadas (“windfall profits” de instalaciones nucleares e hidráulicas)”. También considera urgente “evitar situaciones en que unos pocos agentes controlen en la práctica los precios de la subastas de energía o camuflar en el régimen especial actividades nocivas para la salud y el medio ambiente como la incineración de residuos”. Marco regulador estable y a largo plazo.

Greenpeace propone, además, una planificación y gestión integrada de los sistemas eléctrico y de combustibles (biogás e hidrógeno) para facilitar la incorporación creciente y de forma eficiente de la energía renovable y optimizar las infraestructuras existentes. Otra medida planteada por la organización ecologista es la creación de un marco regulador definido, previsible y estable, con rango de ley, para las energías renovables y la eficiencia energética, para hacer atractivas las inversiones y asegurar el cumplimiento de los objetivos”. Una tercera, analizar qué tecnologías deben ser remuneradas en libre competencia y cuáles necesitan, aunque sea de modo transitorio, una remuneración adicional para ser viables. “Este es un debate político fundamental, que requiere decidir con claridad qué modelo se quiere alcanzar.

En el actual sistema, el régimen especial cumple esa función, pero su sostenibilidad se ve alterada no solo por su cuantía, sino por la cantidad de “parches” y subvenciones cruzadas e incentivos perversos que van en la dirección contraria”, ha declarado Carlos Bravo, responsable del área de Energía y Cambio climático de Greenpeace. Greenpeace considera que para clarificar y decidir cuál es el modelo que se quiere y a dónde se quiere llegar es necesario incorporar la mirada de largo plazo. Por ello, pide que se realice una planificación energética de largo plazo que marque la senda para avanzar lo más rápidamente posible hacia un sistema energético inteligente, eficiente y 100% renovable.

Limitar por ley la vida de las nucleares Para avanzar de forma consistente en ese camino, la organización ecologista cree necesario establecer un calendario para el abandono de todas las energías sucias y su sustitución por energías renovables. Plantea limitar por ley a 30 años la vida útil de las centrales nucleares existentes, y eliminar cualquier posibilidad de renovación extraordinaria de los permisos de explotación de estas, una vez alcanzado el límite temporal, así como establecer un calendario de cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón. Además, se debe imponer una moratoria en la exploración, especialmente de hidrocarburos no convencionales, en el territorio español. Y adoptar una posición firme a nivel europeo para impedir la importación de crudos no convencionales (crudos pesados, de aguas profundas, arenas bituminosas….) en el mercado europeo.

Próximos a la comercialización Lo bueno de utilizar la tecnología basada en materiales poliméricos es que las células obtenidas son baratas, muy flexibles y se podrían producir a bajo coste, aunque no son tan eficientes como las células de silicio amorfo. Otro de los factores que hay que tener en cuenta son las posibilidades de producción en serie. “En el caso del silicio amorfo”, explica Francisco Martín, “estamos muy cerca de la comercialización. En cuanto a los polímeros el reto era desarrollar módulos de grandes dimensiones con buenas eficiencias usando tecnologías de impresión, y eso está un poco más alejado de la comercialización”. Los módulos flexibles desarrollados a partir del silicio amorfo miden 1,3 x 0,8 metros y su aspecto es el de un techo panorámico de cristal. Serían similares a los paneles fotovoltaicos que se están utilizando en integración arquitectónica.

Eso en cuanto a su apariencia física. Respecto a sus prestaciones, teniendo en cuenta esas medidas y una eficiencia del 7%, se podrían obtener unos 62 vatios. El precio vendría determinado por dos factores principales. Los costes del silicio amorfo y de la integración del módulo en el automóvil. Por el momento no hay cifras definitivas, pero se estima que no repercutiría gravosamente en el precio final del vehículo. El silicio amorfo necesario para hacer una sola unidad de 1,3 x 0,8 metros costaría unos 400 euros, es decir el 2% del precio de un coche de 18.000 euros. Esos 400 euros se reducirían sensiblemente en el momento que aumentaran el número de unidades fabricadas.

Hacia una generación cada vez más distribuida La paulatina entrada en el sistema eléctrico español de este tipo de pequeñas plantas generadoras de electricidad promoverá una generación cada vez más distribuida, modificando el actual modelo centralizado de grandes instalaciones eléctricas con numerosas ventajas para el sistema y para el propio consumidor, señala La Moncloa en nota de prensa. Para el sistema eléctrico, la generación eléctrica distribuida supondrá menores pérdidas de energía en las redes y la reducción de inversiones económicas en transporte y distribución, así como un ahorro de energía primaria; y para los consumidores, la mejora de la autonomía energética y de la seguridad de suministro. Relaciones entre el productor y la distribuidora.

El Real Decreto hoy aprobado detalla todos los aspectos que puedan surgir en la relación entre el generador de energía mediante una pequeña instalación y el distribuidor. Entre ellas, estipula la fijación del procedimiento de medida y facturación para permitir y garantizar la correcta medida y facturación de la energía producida. Determina también las condiciones técnicas de acceso y conexión que deberán ser notificadas por la empresa distribuidora en determinado plazo, y las condiciones económicas de la conexión, especificando en qué casos el coste será a cargo del titular de la instalación de generación. Asimismo, detalla las obligaciones del titular de la instalación, responsable de mantener la instalación en perfectas condiciones de funcionamiento.

• la primera desde Abril de 2010 hasta Abril de 2012,

• la segunda desde Abril de 2012 hasta el 2017,

• la tercera fase a partir de Abril de 2017.

La Directiva clasifica a los balastos y análogos según el EEI (Índice de Eficiencia Energética), etiquetándolos de la siguiente manera:

• Clase D: Balastos magnéticos con muy altas pérdidas (no permitido)

• Clase C: Balastos magnéticos con pérdidas moderadas (no permitido)

• Clase B2:Balastos magnéticos con bajas pérdidas (permitido de forma temporal)

• Clase B1: Balastos magnéticos con muy bajas pérdidas (permitido de forma temporal)

• Clase A3: Balastos electrónicos (permitido de forma temporal)

• Clase A2: Balastos electrónicos con pérdidas reducidas (permitido)

• Clase A1: Balastos electrónicos regulables (permitido)

Los balastos y otros dispositivos de control análogos, permitidos para la fase 1 y 2, son aquellos que tienen un EEI de cómo mínimo B2, y para la fase 3 solo estarán permitidos los equipos con un Índice de Eficiencia Energéticas de A2 ó A1 Se calcula que la iluminación supone aproximadamente el 15% de la electricidad consumida en el mundo industrializado.

• Objetivos de planificación: suministro del 100% de la demanda de energía final total con energías renovables no más tarde de 2050; reducción de la demanda de energía final en un 55% respecto a 2007 para 2050; y alcanzar niveles cero de emisiones en el sector energético antes de 2050.

• Integración en el sistema energético de la edificación y de un sistema de transporte inteligente.

• Evolucionar desde una economía dependiente de la venta de productos a una basada en la prestación de servicios.

• Eliminación de todas las subvenciones a las energías sucias e ineficientes e internalización de los costes externos.

• Marco jurídico definido, previsible y estable, con rango de ley, para las energías renovables y la eficiencia energética.

• Integrar plenamente la demanda en la operación del sistema, permitir la entrada de los agregadores de demanda y de las centrales de potencia virtuales y regular el derecho al autoconsumo de energía limpia.

Las claves de Energía 3.0 Para Greenpeace, gracias a la eficiencia energética, la demanda de energía de la España peninsular se reduciría en 2050 en un 55% respecto a 2007 y en un 72% respecto a la tendencial. El modelo Energía 3.0 es clave para luchar contra el cambio climático: permite alcanzar emisiones cero en España hacia mitad de siglo, mientras el sistema energético actual aumentaría las emisiones en más del 24%.

Con el modelo Energía 3.0, en 2050 el sistema energético en la España peninsular costaría en total un 91% menos de lo que supondría seguir con el sistema actual. El ahorro económico total hasta 2050 sería de más de 200.000 millones de euros al año en promedio, una cantidad diez veces superior al déficit español de petróleo y derivados. En una economía inteligente los modelos de negocio asocian los beneficios económicos a la eficiencia y el ahorro energético y no al despilfarro. La materialización del modelo Energía 3.0 requiere el despliegue de inteligencia por el sistema energético, así como por los sistemas político, económico, social y administrativo.

La electrificación del transporte y de la climatización de edificios minimiza el uso de combustibles y, gracias al despliegue de eficiencia, no provoca en el modelo Energía 3.0 un aumento significativo de la demanda de electricidad total. Los edificios y los vehículos intercambian energía con el sistema eléctrico, con lo que se convierten en uno de los elementos principales de gestión de la demanda, articulando la participación directa de los usuarios en la operación del sistema energético. Aunque las renovables permiten cubrir toda la demanda energética española para 2050, para la organización ecologista, reducir esta demanda con eficiencia e inteligencia es clave para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.Desde su punto de vista, cuanto más rápida sea la transición hacia el modelo Energía 3.0, mayores serán los beneficios económicos y ambientales.